5 Compromisos y 5 Garantías por el Derecho a la Vivienda

Para acceder a la versión completa de este documento, pinchad aquí.




Asamblea Vivienda Digna para Todas las Personas

5 Compromisos y 5 Garantías por el Derecho a la Vivienda




En los últimos años se ha hablado mucho de quienes perdiendo su casa se han encontrado en situación de pobreza. Pero también hay otras realidades invisibles que es fundamental rescatar del olvido: la de muchas personas y familias que desde hace décadas hemos estado viviendo  en condiciones de extrema pobreza. Nuestras vidas han estado marcadas por múltiples discriminaciones: por nuestro origen, por nuestro aspecto que señala que hemos tenido una vida dura, por no saber leer ni escribir, por no tener títulos que demuestren las capacidades y la inteligencia que pese a la imagen que se ofrece de nosotros sí que tenemos… Por eso no conseguimos nunca un trabajo, y no nos queda otra que intentar salir adelante con lo poco que nos da el gobierno y completarlo por ejemplo echándonos a la chatarra.

Pero no es justo que por estas dificultades que vivimos nos hagan sentir menos capacitados que los demás, ni que nos consideren vagos, ni que digan que queremos todo por la cara. Queremos mejorar, sobre todo por nuestros hijos e hijas, quienes los tenemos, para que no tengan que pasar por lo que pasamos nosotras, para que tengan un futuro con mayor seguridad.

Muchas veces hemos comprobado que el derecho a la vivienda es clave para poder ejercer otros derechos (derecho a la seguridad, a no sufrir tratos degradantes, a la intimidad y la vida en familia, a la educación, a la sanidad, etc.). Sin vivienda no existes para la sociedad. A partir de nuestra reflexión marcamos 5 compromisos y 5 garantías que consideramos fundamentales para conseguir hacer posible el objetivo por el cual nos movilizamos: “Vivienda Digna para Todas las Personas”.







Nada para las personas que estamos excluidas sin contar con nosotras”
Compromiso 1: Las políticas tienen que hacerse con las personas afectadas por ellas.
Garantía: Establecer Mesas de participación efectivas en las instituciones responsables de la vivienda social de las que formen parte afectados/as y colectivos comprometidos en la lucha por el derecho a la vivienda. 

Nuestra experiencia: Continuamente se proponen acciones de apoyo o lucha contra la pobreza en las que no se cuenta con nuestra palabra ni nuestra participación. Quienes las diseñan son profesionales con conocimientos teóricos y de acción, pero sin el saber que da la experiencia de haber vivido en carne propia lo que es la pobreza y la exclusión, esencial para poder señalar las dificultades que se pueden encontrar y las condiciones para superarlas. Sin este saber son proyectos con muchas posibilidades de fracasar.

Un ejemplo: A. ha realizado solicitudes de vivienda pública ante diferentes instituciones durante más de 10 años, sin ningún resultado positivo. Esto le permite saber muy bien cuáles son los criterios de selección en los procesos de adjudicación que habría que cambiar, ya que dejan fuera a muchas familias como la suya, en una situación muy precaria que no es reconocida por la administración. Durante este tiempo ha ocupado sucesivamente 4 viviendas vacías para no quedarse en la calle con sus hijos. Varias de estas casas estaban en estado de ruina, pero él mismo, con ayudas puntuales de algunos familiares, ha conseguido restaurarlas y convertirlas en lugares dignos para vivir.

Por eso es necesario: Partir de la experiencia y el conocimiento de las personas que vivimos en situación más precaria, y poner los medios para garantizar nuestra participación en el desarrollo tanto de las políticas generales de vivienda como de los diferentes programas y proyectos concretos que nos afectan. Para ellos es necesario establecer Mesas de Participación periódicas y efectivas en las instituciones responsables de la vivienda social, de las que formen parte afectados/as y colectivos comprometidos en la lucha contra la pobreza y por el derecho a la vivienda (tanto entidades como movimientos sociales).



La vivienda es lo primero: sin ella no existes para la sociedad, 
no tienes seguridades básicas”
Compromiso 2: Reconocer que la vivienda es imprescindible para acceder a otros derechos.
Garantía: Crear una Oficina de Garantía del Derecho a la Vivienda con capacidad para poder coordinar los recursos institucionales y dar respuesta a la necesidad de vivienda que exista. 

Nuestra experiencia: Una vivienda digna es una seguridad básica que no puede esperar. Así, el acceso a la misma debería ser asumido como responsabilidad institucional prioritaria, partiendo de las situaciones de mayor precariedad. Algo que contrasta con la realidad actual, en la que lo más que podemos encontrar como respuesta a estas situaciones son alojamientos en algún recurso o apoyo para un alquiler, siempre de manera temporal y sin unas condiciones adecuadas. Sin embargo, la vivienda es un derecho básico porque proporciona seguridad, protección y estabilidad. Sin ella es muy difícil avanzar. Por ejemplo, sin una vivienda no dispones de lugares donde guardar tus pertenencias, y te tienes que desplazar con frecuencia a nuevos lugares que pueden estar lejos de los centros educativos a los que van tus hijos e hijas. Al mismo tiempo, hay otros derechos que no puedes ejercer: vida en familia, intimidad, libertad de reunión y expresión, atención sanitaria, etc.

Un ejemplo: F. no puede empadronarse en la ciudad en la que vive por estar en situación de calle. Aunque durante la “campaña del frío” le acogen en un albergue, no le permitían dar esa dirección para el padrón municipal. El no estar reconocido en el empadronamiento implica graves dificultades, como por ejemplo en relación a la asistencia sanitaria cotidiana, la atención por parte de los Servicios Sociales Municipales y la solicitud de ayudas, como por ejemplo Pensiones No Contributivas y la Renta Mínima de Inserción.

Por eso es necesario: Establecer una Oficina de Garantía del Derecho a la Vivienda en cada uno de los niveles de la administración pública. Deberá contar con los recursos necesarios para reorganizar la política de vivienda y otras dimensiones relacionadas con esta (servicios sociales, estadística, economía, etc.) de manera que se pueda dar respuesta a la necesidad social que exista. Su primera tarea tendrá que ser realizar un diagnóstico participativo sobre necesidades y alternativas adecuadas de vivienda.

También es fundamental aumentar el número de alternativas de vivienda disponibles. Para ello hay que:
  • Hacer un recuento de las viviendas vacías que existen en cada municipio y en la región.
  • Permitir a quienes no tienen otra alternativa de alojamiento la autoconstrucción en espacios delimitados o la rehabilitación de viviendas vacías que lo necesiten, dotándoles de materiales y asesoramiento en los casos en los que sea necesario.


Lo más importante es que todas las personas nos sintamos respetadas”
Compromiso 3: Desarrollar alternativas de vivienda adaptadas a las necesidades, ingresos y diferentes modelos de vida y comunidad.
Garantía: Realizar un Diagnóstico participativo de necesidades de vivienda y alternativas adecuadas: cuantificar personas en exclusión residencial, priorizar casos en mayor precariedad y estudiar diferentes modelos de vivienda según condiciones económicas, culturales y comunitarias. 

Nuestra experiencia: Las realidades de quienes vivimos en mayor exclusión son invisibles para el resto de la sociedad. Así, no hay datos completos sobre cuáles son las necesidades de vivienda que existen en nuestro país, ya que los estudios suelen dejar frecuentemente fuera a las poblaciones más vulnerables. Además, cuando se nos ofrecen alternativas, estas no se adaptan a nuestra realidad. Bastantes de estas familias tenemos muchos miembros, y sin embargo escasean las viviendas para familias numerosas. En muchas ocasiones, los gastos que conlleva la vivienda no se adaptan a nuestras posibilidades, lo que a su vez genera conflictos sobre todo al no poder pagar la comunidad de vecinos. Por otro lado, la imposición de un único modelo de vida y comunidad (construcción de vivienda en vertical, individualización y aislamiento) influye en gran medida en los problemas de convivencia que se dan en muchas promociones de vivienda social, al juntarnos de manera forzada en un mismo espacio personas y familias de muy diferentes orígenes y situaciones sociales. Se debería buscar un mayor equilibrio en la composición de estos barrios y una cierta afinidad entre el vecindario. Además, los vecinos de estos barrios sentimos un gran abandono por parte de las instituciones responsables, ya que no intervienen más que de manera irregular y distante para gestionar conflictos o tensiones y establecer dinámicas de control.

Un ejemplo: C. y G. aceptaron un piso de realojo con dos habitaciones en un momento en el que sus 5 hijos estaban acogidos temporalmente por la Comunidad de Madrid, ya que les decían que no había pisos disponibles con más habitaciones, y que de todas maneras no era seguro que pudieran recuperar a sus hijos. Cuando por fin les recuperaron, la situación en la casa se hizo muy difícil por el poco espacio disponible, con conflictos frecuentes. Al haber vecinos debajo, comenzaron a aparecer quejas. Sin embargo, la intervención por parte de las instituciones se limitó a amenazar con echarles si se seguían dando quejas en el vecindario, sin plantearse otro tipo de mediación. Finalmente, la familia fue desahuciada.

Por eso es necesario: Identificar el número de personas y familias que no disponen de vivienda digna en cada municipio o región, priorizando aquellas situaciones de mayor vulnerabilidad. Al mismo tiempo se deben buscar alternativas que de verdad sean adecuadas y permitan una estabilidad a largo plazo. Algunos ejemplos: ajustando la cuantía a pagar de alquiler, comunidad y gastos de luz y otros servicios para que pueda ser asumida con los ingresos disponibles, y remodelando pisos contiguos para que puedan acoger a familias numerosas. Apostamos también porque se establezcan condiciones que se adapten a las diferentes características culturales y medios de vida:
  • Promoviendo diferentes modelos de vivienda, más allá de la vivienda en altura como única propuesta.
  • Creando equipos estables de mediación en los barrios de vivienda social en los que haya mediadores pertenecientes a las diferentes culturas existentes, dotándoles de estabilidad a largo plazo y de los recursos adecuados.

No más normativas que vayan en contra de los más vulnerables”
Compromiso 4: Eliminar las barreras que impiden el acceso a una vivienda digna a las personas más vulnerables.
Garantía: No dejar a nadie fuera de los procesos de diagnóstico y solicitud de vivienda social, valorando y dando respuesta a cada caso.

Nuestra experiencia: Quienes vivimos en mayor precariedad vemos como las barreras que encontramos para acceder a nuestros derechos son cada vez mayores. Incluso cuando aparecen oportunidades de mejora, estas terminan siendo tan solo reales para quienes tienen más recursos o energía. Por ejemplo, los números de solicitantes de vivienda pública son engañosos. Las condiciones que se piden para poder hacer las solicitudes dejan a mucha gente fuera, especialmente a los más vulnerables, ya que no podemos justificar nuestro lugar de residencia actual, o somos penalizados con no poder acceder a vivienda pública por ocupar pisos vacíos (lo que hacemos para evitar que nos retiren a nuestros hijos) o por haber tenido una vivienda pública en los últimos 20 años, sin analizar las razones que nos hicieron perderla ni la situación actual que tenemos ahora mismo. Por otro lado, el hecho de tener que renovar anualmente algunas solicitudes de vivienda, como las de Especial Necesidad del IVIMA, terminan desorientándonos y agotando nuestras fuerzas.

Un ejemplo: J. vive en una furgoneta acondicionada como vivienda en un polígono industrial junto con su mujer y sus hijos. Todos los años trata de cumplimentar la solicitud de vivienda de especial necesidad del IVIMA, pero sólo ha conseguido que le cierren el expediente en dos ocasiones, cuando vivía en una chabola, gracias a que su trabajador social hizo un informe justificando donde vivía y luego luchó para que lo dieran por válido. La razón por la que no puede terminar de cerrar la solicitud es porque le piden un papel que justifique dónde vive, y ahora mismo no lo consigue por ninguna vía. Ha pedido un informe a Servicios Sociales, pero le dicen que no se lo pueden hacer, y que debe solicitarlo a los técnicos de urbanismo del Ayuntamiento. Al hacer esta petición de informe, dieron parte al juez de que había una familia con menores viviendo en un furgón, y éste envió a la Policía. La familia tuvo mucho miedo de que les pudieran quitar a sus hijos, aunque al final esto no sucedió. Pero tampoco les sirvió el informe policial cerrar la solicitud de vivienda.

Por eso es necesario: Estudiar y dar respuesta a todas las solicitudes de vivienda social sin excepción (por ejemplo, sin dejar fuera a quienes ya fueron adjudicatarios de vivienda pública, o quienes ocupan vivienda vacía, o no pueden justificar donde viven actualmente), valorándolas de manera individualizada en función de la necesidad que haya de vivienda. Para ellos será necesario crear equipos para el trabajo de campo necesario, en colaboración estrecha con Servicios Sociales. También habría que definir vías y protocolos de legalización en situaciones irregulares, como ocupación, infravivienda, etc. (Ejemplo: llevar un tiempo empadronado, pagar la comunidad, tener apoyo del vecindario, etc.), y establecer soluciones que sean permanentes, a largo plazo, al menos mientras se mantenga una difícil condición socioeconómica. Propuestas para 2 o 3 años son sólo parches.



Si no me dan, al menos que no me quiten lo que tengo”
Compromiso 5: Mientras la administración no garantice el derecho a la vivienda, apoyar y no penalizar las alternativas que encuentra la gente.
Garantía: Stop desalojos sin alternativa de vivienda digna y duradera y garantía de acceso a servicios básicos.

Nuestra experiencia: Somos muchas las personas y familias que, al no encontrar vías de acceso a una vivienda digna, nos vemos obligadas a buscar alternativas precarias que al menos nos permiten no quedarnos en la calle. Además, en estas situaciones el acceso a servicios básicos como electricidad, agua, recogida de basuras, etc. se encuentra muy limitado. Por otro lado, al vivir en infraviviendas, en casas ocupadas o encontrarnos en situación de calle nos enfrentamos de manera constante al riesgo de desalojo y expulsión, sin que se nos ofrezca ninguna alternativa realista y adecuada. Esto también se da en barrios en los que se producen procesos de realojo, ya que muchas de las personas y familias que viven allí no cumplen los requisitos establecidos por las administraciones públicas para acceder al mismo (años de empadronamiento, haber perdido una vivienda pública, etc.). Sin embargo, en el pasado hemos sido testigos de cómo es posible realizar procesos de realojo que han buscado la manera de garantizar que todas las familias pudieran acceder a una vivienda (por ejemplo en la Colonia San Francisco, en Villa de Vallecas). Desgraciadamente, en ninguno de los casos que conocemos se ha trabajado desde la administración de manera participativa con las familias realojadas para garantizar las condiciones más adecuadas para que el realojo fuera un éxito. Esto ha tenido importantes consecuencias, como la pérdida de la red social de apoyo-mutuo que teníamos anteriormente. Así, al cabo de los años algunas familias hemos perdido nuestras viviendas por no poder hacer frente a los requisitos que se nos exigían para permanecer en las mismas, viéndonos obligadas a ocupar casas para no encontrarnos en la calle. Como agravante, señalar que para familias como las nuestras no se plantea ninguna alternativa de acceso a una vivienda digna, e incluso se nos amenaza con la retirada de sus hijos e hijas si nos quedamos en la calle.

Un ejemplo: M. vive en una casa que ocupa desde hace dos años, a la que llegó tras vivir con algunos hermanos suyos en una nave industrial en la que estaban con permiso del dueño. Anteriormente vivió durante casi diez años en una vivienda del Instituto de Realojamiento e Integración Social, hasta que la desahuciaron por una deuda de 800 euros, sin que fuera posible llegar a un acuerdo y encontrar una solución a su situación para no quedarse en la calle. Al haber tenido ya acceso a una vivienda social, está penalizada con no poder volver a conseguir otra vivienda pública en 20 años. Tampoco puede hacerse una chabola como aquella en la que vivió durante muchos años porque no hay lugar donde poder hacerlo. Pero si se queda en la calle, los Servicios Sociales le quitan a sus hijos. Por eso ha buscado una vivienda vacía y la ha ocupado: “No es ocupa, es necesidad”, dice. Mientras tanto, su piso original ha estado vacío durante dos años, y eso la indignaba. Ahora mismo sigue luchando para que no la desahucien de la casa que está ocupando.

Por eso es necesario:
Paralizar todos los desalojos en los que no se garantice un realojo asequible y estable a quienes no tengan una vivienda alternativa adecuada. Al mismo tiempo, se debe garantizar el acceso a servicios básicos (agua, luz, recogida de basura, etc.) en estas situaciones.

No hay comentarios:

Publicar un comentario en la entrada

¿Algo que aportar?