martes, 14 de noviembre de 2017

Presente y futuro del barrio de las Sabinas

El pasado 20 de octubre se celebró un encuentro en Móstoles para dar a conocer la realidad y las perspectivas de futuro que tienen las familias que viven en Las Sabinas, con un realojo incierto que muchas no saben qué consecuencias puede tener.

Para quienes no pudísteis estar, acá os facilitamos el texto de presentación y el audio de la jornada.

Para más información:

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            Mail: lassabinasmostoles@gmail.com





A finales del mes de octubre, el barrio de Las Sabinas y el colectivo de apoyo a esta comunidad organizaron el acto “Presente y futuro del barrio de Las Sabinas” para dar a conocer al público en general y al vecindario de Móstoles en particular qué significa este barrio y cuál es su situación en el momento actual.


Para quienes no lo conozcan, las Sabinas es un barrio para el que está previsto un plan de desmantelamiento por parte de la Comunidad de Madrid. El argumento institucional para la ejecución del mismo es, entre otros, “la recuperación del espacio natural en el Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama” y, en palabras de D. David Lucas, actual alcalde de Móstoles, uno de los municipios que en 2013 ha suscrito un convenio con la Comunidad de Madrid para llevar a cabo este proceso, “evitar que en pleno siglo XXI existan zonas en Madrid en las que los ciudadanos vivan en condiciones tan lamentables”.

Estos argumentos regalan los oídos bienpensantes y tranquilizan a la ciudadanía media que desconoce el trasfondo y las consecuencias de estas actuaciones.
En las Sabinas se han ido asentando familias desde hace cuarenta años, en una de las zonas, y en otra, que es la que nos ocupó en este acto, 16 años. La mayoría sin alternativa habitacional y en muchos casos procedentes de otros procesos de realojo que acabaron fracasando para gran parte de las personas afectadas. Algunas familias proceden de Las Mimbreras, otras de Carabanchel... etc.
La precariedad y la vulnerabilidad de la mayor parte de estas familias ha hecho que traten de sobrevivir con los ingresos que obtienen muchas de ellas de la venta de chatarra y de la Renta Mínima de Inserción, ingreso no permanente y a todas luces insuficiente que se concede casi exclusivamente a familias con menores a su cargo.
Esta situación y la vulneración del derecho a una vivienda digna que se sufre en el estado español, provoca que estas familias se vean abocadas a resolver sus necesidades en la medida de sus posibilidades.
El realojo no llega y mientras tanto, viven en un barrio donde no hay servicio de recogida de basuras, ni hay una fuente de agua potable (aunque haya un punto de conexión con el Canal de Isabel II en el propio barrio) ni tampoco hay posibilidad de instalar energía eléctrica en las viviendas con sus respectivos contadores por tratarse de un “asentamiento ilegal”.
El enganche autoregulado a los puntos de luz disponibles no sólo para el uso al que estamos acostumbradas las personas que no vivimos allí, también y principalmente, para poner en funcionamiento las bombas que les aprovisionan de agua (no potable) de los pozos para poder asearse y mantener en unas condiciones mínimas de higiene las viviendas. Pero los problemas se suceden. Cuando llueve el ambiente es húmedo e insalubre y las viviendas lo notan. La incertidumbre en cuanto al realojo y los posibles derribos hace que no se decidan a reparar humedades y otras fallas. Cuando falta la luz, la comida se estropea, no hay agua para el aseo y la limpieza, no funcionan los ventiladores en verano ni las estufas de resistencias en invierno, cuando además, la falta de luz artificial hace difícil la vida cotidiana de personas adultas y criaturas.
Si su vida ya es difícil en circunstancias de supuesta “normalidad”, el riesgo de que empeore acecha todos los días, como la posibilidad de un incendio al tratar de calentarse en viviendas donde abunda el plástico y la madera, o que el río se desborde, no sólo cuando las lluvias provocan crecidas, sino también cuando el embalse de la Nieves necesita ser desembalsado, aumentando el cauce del río Guadarrama, entonces el agua alcanza a las viviendas sin que nadie lo evite, ni avise a la población con tiempo para ponerse a salvo. Esto, ha pasado. Otro riesgo añadido es la acumulación de basuras, no sólo por no ser recogida por el servicio público municipal de limpiezas sino por la falta de escrúpulos de quienes quieren deshacerse de escombros y otros residuos y aun no viviendo en el propio barrio se deshacen de ello allí, provocando además, una gran proliferación de ratas.
A toda esta lucha por sobrevivir en estas condiciones se suma el trato institucional al que está sometida esta comunidad. En julio de 2016 la compañía eléctrica Iberdrola cortó el suministro eléctrico, entonces el Ayuntamiento de Móstoles se prestó a ceder generadores cuyo mantenimiento económico, la compra del gasoil, quedaría a cargo de las familias, siendo muy difícil para ellas sufragar su coste en una comunidad tan vulnerable. Algunas de estas familias aún arrastran las deudas. Finalmente, en octubre se volvieron a llevar los generadores. En enero de este mismo año Iberdrola volvió a cortar el suministro en plena ola de frío y con personas con necesidad de respiración asistida. Unos días después se restableció el suministro, pero la compañía ya había denunciado a prácticamente todas las familias del barrio por haber enganchado la luz de sus viviendas a una torre que surtía al Canal de Isabel II y en primavera tuvieron que acudir a juicio. Afortunadamente la sentencia fue absolutoria por haberse obtenido las pruebas accediendo a las viviendas sin autorización judicial y sin informar a las personas afectadas de que no tenían obligación de declarar en su contra.
La Comunidad de Madrid estima en 50 las viviendas necesarias para el realojo de las familias que cumplen los requisitos impuestos en el convenio firmado con el Ayuntamiento de Móstoles en el 2013 aunque la cruda realidad es que hay aproximadamente unas 400 familias entre los asentamientos de Móstoles y Arroyomolinos. Al parecer (porque todavía no está confirmado), 4 años después de la firma del convenio la Agencia de Vivienda Social sólo dispone de 17 viviendas. Estas viviendas se ofrecerán en régimen de alquiler social, que, si bien se puede considerar bajo, sumado a los gastos del resto de suministros (luz, agua, gas, comunidad, ...) puede agotar en algunos casos hasta el 80% de sus ingresos. Ésta es otra de sus grandes incertidumbres.
Uno de los requisitos para tener derecho al realojo es no haber sido adjudicatario de vivienda (se haya perdido o no, por no poder pagar el alquiler) en un plazo de 20 años. Hay más de una familia asentada en Las Sabinas que procede de situaciones como esta. Otro requisito es haberse empadronado en el barrio de Las Sabinas antes del 31 de diciembre del 2008 y otro, no poseer vivienda en cualquier punto del estado español.
Las familias no están en igualdad de condiciones, tras preguntar a las vecinas y vecinos de uno de los cuatro barrios que componen las Sabinas, y concretamente el barrio que nos ocupa, alrededor de un 60% considera que puede cumplir todos los requisitos, un 30% cree que no cumple por no haberse empadronado antes del 2009, y un 10% no tiene clara cuál es su situación. Todo esto, divide a las familias. Recordamos el viejo dicho “divide y vencerás”...
Aunque se ha conseguido que representantes de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Móstoles vayan con cierta regularidad a entrevistarse con las familias, no se ha conseguido obtener la información imprescindible para saber cómo actuar. Ninguna de ellas ha recibido ninguna resolución que les asegure el realojo o que se lo deniegue, por lo cual, ni pueden hacer alegaciones o recurrir, algo similar sucede en cuanto a los derribos, lo que lleva a estas personas a una situación de indefensión con pérdida de vivienda incluida. Por otro lado, y por si las trabas fueran pocas, si desean realizar la solicitud para optar a una vivienda pública les impiden hacerlo alegando que ya están inmersos en un proceso de realojo.
La perspectiva institucional primordial es desmantelar el barrio. Desde Servicios Sociales informaron al barrio de que empezaran con las operaciones de “desamianto” en todas (todas) las viviendas, sin ofrecer ninguna alternativa a quedarse sin techo. Pretenden retirar toda la uralita de todos los tejados aunque la mayoría de las familias no vayan a ser realojadas de manera inminente ni cumplan los requisitos impuestos para el realojo en el convenio y por otro lado, también tenemos el inmediato derribo de las viviendas cuyos propietarios vayan a ser realojados, con el agravante de que no se va a desescombrar ni a limpiar hasta que todo el mundo se haya marchado del barrio.
Esta situación choca frontalmente con la preocupación por las condiciones de vida de vecinas y vecinos del barrio en pleno siglo XXI manifestada por el alcalde de Móstoles en declaraciones públicas. Hasta el momento sólo diecisiete familias (no se sabe cuáles) pueden aspirar a la adjudicación relativamente inmediata de una vivienda, las treinta y tres restantes (que supuestamente cumplen los requisitos) de un total de aproximadamente cuatrocientas tendrán que esperar. Hasta el momento no hay un plan claro para que nadie quede fuera del realojo, desde Servicios Sociales dicen que aún están en negociaciones con la Comunidad de Madrid para que se amplíe, por ejemplo, el plazo de empadronamiento, o se incluya a las nuevas familias creadas por las hijas e hijos de las personas que sí cumplen los requisitos. Pero aún no hay nada en firme al respecto. Ni se sabe si lo habrá, para la Comunidad de Madrid es cuestión de dinero y de que el Ayuntamiento de Móstoles ponga más fondos. Y mientras decenas de familias esperan, tendrán que vivir entre los escombros de las familias realojadas. También choca la preocupación por la recuperación del espacio natural, siendo que, sin haber habilitado la recogida municipal de basuras, se limpió el río, volviendo en breve a estar como antes; no importa que la rivera esté plagada de basura y escombros hasta que finalice el desmantelamiento.
Por otra parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha condenado al estado español por el desalojo de su vivienda a una familia sin alternativa habitacional; la sociedad civil se está movilizando y ha logrado llevar al parlamento estatal y al de la Comunidad de Madrid propuestas de reformas legislativas que materialicen el derecho constitucional amparado en el artículo 47 de la Constitución Española. La vida y la dignidad humana es lo que debe estar en el centro de todo. Ahora es el momento de que los políticos tan preocupados por “hacer algo” cuando arrecia el chaparrón den soluciones sin dejar a nadie en la cuneta y demuestren cuáles son sus verdaderos objetivos.
Conocer a estas familias, saber de primera mano su situación, escuchar sus experiencias y las de las personas del colectivo de apoyo, ver los dibujos de su gente menuda donde se reflejan sus sueños, sus esperanzas, sus deseos... nos llena, a pesar de la impotencia y la indignación, de esperanza y de fuerzas para luchar por los derechos y la dignidad de nuestras vecinas y vecinos.
Y observando los sueños de estas criaturas, hay quienes sueñan con vivir en un barrio donde haya de todo, pero lo último que desearía sería perder a sus amigos. Hay quienes sueñan con “comprar el barrio, ponerle de todo y que nadie se tenga que ir”.

No hay sueños correctos o incorrectos, que se puede compatibilizar una forma de vida “no convencional” con la ecología y la convivencia, siempre y cuando se propicien los medios para que sea desarrollada con dignidad. Que lo único incorrecto es no valorar la vida ni respetar la dignidad de las personas.

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