lunes, 26 de febrero de 2018

El derecho a la vivienda y la Carta Social Europea

España firmó hace tiempo ya la Carta Social Europea, un documento clave en cuanto al reconocimiento de derechos fundamentales para poder tener una vida digna. Pero, sin embargo, no firmó la revisión de la misma que permite que se puedan hacer reclamaciones colectivas cuando se vulneran esos derechos, para que no quedé todo en papel mojado. ¿Que porqué no ha firmado España esta ampliación de la Carta Social? Quizás para evitar rapapolvos como el que se llevó Francia hace unos años por su política de vivienda social. ¿Imagináis que evaluaran de esta manera la política de vivienda en nuestro país?

Acá un resumen de la decisión del Comité Europeo de Derechos Sociales:

La Carta Social Europea Revisada también incluye un artículo, el 31 concretamente, que reconocer el derecho a la vivienda. Así que si no se ha firmado, pudiera parecer que este derecho queda fuera de juego, ¿no? Eso es lo que dijo el gobierno irlandés ante la denuncia recibida en 2014, también por las condiciones de su política de vivienda social. Pero enseguida el Comité Europeo de Derechos Sociales desmontó la excusa. El artículo 16, sí firmado por Irlanda y España, reconoce el derecho de la familia a una protección social, jurídica y económica, incluyendo en esto el acceso a una vivienda digna (¿cómo podría ser de otra manera? Que alguien nos lo explique...). 

Acá vienen recogidas las claves de este documento:


domingo, 26 de noviembre de 2017

Carta abierta a quienes han bloqueado el diálogo sobre la Ley de Vivienda propuesta por la ciudadanía

Reproducimos la carta abierta de una de las personas participantes en la Asamblea tras la negativa de la Asamblea de Madrid de debatir sobre la propuesta de Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada por la PAH, FRAVM, ALA y apoyada por muchos otros colectivos como el nuestro.

Ya han pasado unos cuantos días, pero quería pronunciarme al respecto sobre que hayan bloqueado la ILP. En realidad me parece algo normal ¿no? ¿cómo van a querer que haya una ley de vivienda para que la situación de miles y miles de personas y familias cambie, si ellos creen que no existe el problema? Lógicamente nos pueden invisibilizar, pero no nos pueden hacer mudos. Hay otra realidad muy distinta a la que ellos están acostumbrados a vivir desde sus despachos o desde sus sillones de piel, con unas nóminas de escándalo y unos pisos o unos apartamentos de metros para aburrir. 

Ellos ven impensable que haya otra realidad ahí fuera. Ellos creen que la única alternativa habitacional es una hipoteca o un alquiler a precio de mercado. ¿Cuántas personas hoy en día no pueden acceder a esas alternativas? Para alquilar se necesita una nómina con un contrato estable, y todavía hay muchas personas en paro y las que han podido acceder a un puesto de trabajo es completamente precario e inestable. Cualquier propietario antes de alquilar una vivienda a un inquilino le pide cumplir unas condiciones necesarias, como tener contrato de trabajo, un contrato estable y una nómina. ¿Qué pasa cuando el contrato de trabajo es temporal? ¿Qué pasa cuando no se reúnen esas condiciones necesarias? Esas personas se quedan fuera, sin alternativas posibles. ¿Qué pasa para los que están cobrando una Renta Mínima de Inserción (RMI)? ¿Cómo van a reunir esas condiciones necesarias para alquilar? ¿Qué pasa cuando no tienes aval? ¿Qué pasa para los que están cobrando el paro o un subsidio de desempleo?

Todas las personas que están cobrando una RMI no pueden acceder al mercado laboral, aunque constantemente nos estén diciendo que lo que tenemos que hacer y buscar es un trabajo. Desgraciadamente hoy en día el trabajo todavía está mal. Pero además ¿qué pasa si una persona que está cobrando una Renta Mínima accede a a un contrato de trabajo temporal y precario? Todo el
mundo debe de saber que la RMI se suspende, pero nadie se pone a pensar que cuando se termina el trabajo de nuevo te quedas sin nada, y de nuevo hay que solicitar la Renta Mínima, y hasta que la vuelves a tener requiere de un tiempo durante el cual no percibes nada.

Todas las personas queremos oportunidades que nos hagan crecer, no caer más bajo. Muchas personas subsistimos gracias a la RMI que proporciona la administración. Eso nos hace que podamos garantizar unos mínimos recursos necesarios para subsistir. Además, otra de las cosas que aporta, muy necesaria, es qué tanto al titular de la Renta Mínima como a su unidad de convivencia los medicamentos le salen a coste cero, o por lo menos eso era antes, porque parece ser que ahora en muchos casos los convivientes se están quedando fuera de ese derecho. Quiero citar un caso reciente y actual: una mujer de alrededor de unos 45 años, que venía de un realojo, con lo cual le adjudicaron una vivienda en la que vivió durante unos años y por no poder pagar el alquiler la echaron de su casa. Entonces una de las dificultades que encontró fue que no pudo empadronarse y quedó en el padrón donde ya residía, aunque esa vivienda fue adjudicada a otra persona. Ahora le han dado de baja en el empadronamiento y por esa razón le han retirado la RMI. Ahora esta mujer está enferma, necesita unos medicamentos que hay que pagar porque ya no cobra la Renta Mínima, al no tener ya el derecho que le acogía a obtener los medicamentos a coste cero. Esta mujer no tiene cómo pagarse los medicamentos. Son medicamentos muy caros que no puede costearse, la única alternativa a este problema tan grave es ir a urgencias constantemente para que le administran el medicamento con el riesgo que corre de que si no lo toma de nuevo será ingresada en el hospital.

 No somos miles sino millones de personas que necesitamos una alternativa habitacional real yadecuada a nuestra situación. Somos muchas las personas que no podemos costearnos un alquiler a precio de mercado ni acceder a una hipoteca, porque no tenemos los medios necesarios ni cumplimos con los requisitos que se necesitan. Una mujer de Sevilla que han desahuciado lo explicaba muy bien, decía que desde Servicios Sociales y desde el Ayuntamiento se le habían ofrecido alternativas habitacionales inadecuadas para ella y para su familia, y decía que el artículo 47 de la Constitución Española recoge que todo ciudadano tenemos derecho a una vivienda digna. Lo que sucede es que de la Constitución algunos artículos se cumplen y otros es como si no existieran. Los gobiernos con el problema de Cataluña citan y han citado que la Constitución Española y los artículos que recoge son de obligado cumplimiento. Todo ciudadano sabe que las leyes hay que cumplirlas y tenemos que tener especial cuidado con cada una de ellas. Pero con un artículo como el 47 que cita que todo ciudadano tiene derecho a una vivienda digna ¿por qué ese artículo no es de obligado cumplimiento? Esta mujer se quedó fuera sin ninguna alternativa habitacional, no le pudieron proporcionar una alternativa habitacional adecuada a su familia y a su problema.


¿Cuántas personas se han quedado sin hogar? ¿Cuántas personas no pueden acceder a una casa porque ustedes no se quieren dar cuenta de que el mayor problema que tenemos ahora mismo en España es la vivienda? La vivienda es un bien tan necesario como el comer, el respirar o vivir. Es urgente buscar alternativas habitacionales a corto plazo y para eso ustedes, que son los gobernantes, necesitan darse cuenta que tener un hogar es necesario para muchas y muchas personas y familias y que necesitamos de ustedes para que nos puedan facilitar el tener ese hogar. Por eso, mandatarios, para que nos puedan facilitar el tener ese hogar, por eso creemos más que necesario aprobar una Ley de Vivienda que cuente con todas las alternativas que el pueblo soberano ha hecho: hemos salido a la calle, hemos buscado firmas de la gente, las hemos presentado ante ustedes. Pero ustedes la han rechazado.

Queremos que ustedes traten de ver la problemática de vivienda en España como un problema real que hay que darle solución. Partiendo de esa base se podrá empezar a trabajar para darle solución a corto plazo, porque lo necesitan muchas familias y muchas personas.

Firmado JJ

martes, 14 de noviembre de 2017

Presente y futuro del barrio de las Sabinas

El pasado 20 de octubre se celebró un encuentro en Móstoles para dar a conocer la realidad y las perspectivas de futuro que tienen las familias que viven en Las Sabinas, con un realojo incierto que muchas no saben qué consecuencias puede tener.

Para quienes no pudísteis estar, acá os facilitamos el texto de presentación y el audio de la jornada.

Para más información:

            Facebook: Las Sabinas Móstoles
            Twitter: las_sabinas_mst
            Mail: lassabinasmostoles@gmail.com





A finales del mes de octubre, el barrio de Las Sabinas y el colectivo de apoyo a esta comunidad organizaron el acto “Presente y futuro del barrio de Las Sabinas” para dar a conocer al público en general y al vecindario de Móstoles en particular qué significa este barrio y cuál es su situación en el momento actual.


Para quienes no lo conozcan, las Sabinas es un barrio para el que está previsto un plan de desmantelamiento por parte de la Comunidad de Madrid. El argumento institucional para la ejecución del mismo es, entre otros, “la recuperación del espacio natural en el Parque Regional del Curso Medio del río Guadarrama” y, en palabras de D. David Lucas, actual alcalde de Móstoles, uno de los municipios que en 2013 ha suscrito un convenio con la Comunidad de Madrid para llevar a cabo este proceso, “evitar que en pleno siglo XXI existan zonas en Madrid en las que los ciudadanos vivan en condiciones tan lamentables”.

Estos argumentos regalan los oídos bienpensantes y tranquilizan a la ciudadanía media que desconoce el trasfondo y las consecuencias de estas actuaciones.
En las Sabinas se han ido asentando familias desde hace cuarenta años, en una de las zonas, y en otra, que es la que nos ocupó en este acto, 16 años. La mayoría sin alternativa habitacional y en muchos casos procedentes de otros procesos de realojo que acabaron fracasando para gran parte de las personas afectadas. Algunas familias proceden de Las Mimbreras, otras de Carabanchel... etc.
La precariedad y la vulnerabilidad de la mayor parte de estas familias ha hecho que traten de sobrevivir con los ingresos que obtienen muchas de ellas de la venta de chatarra y de la Renta Mínima de Inserción, ingreso no permanente y a todas luces insuficiente que se concede casi exclusivamente a familias con menores a su cargo.
Esta situación y la vulneración del derecho a una vivienda digna que se sufre en el estado español, provoca que estas familias se vean abocadas a resolver sus necesidades en la medida de sus posibilidades.
El realojo no llega y mientras tanto, viven en un barrio donde no hay servicio de recogida de basuras, ni hay una fuente de agua potable (aunque haya un punto de conexión con el Canal de Isabel II en el propio barrio) ni tampoco hay posibilidad de instalar energía eléctrica en las viviendas con sus respectivos contadores por tratarse de un “asentamiento ilegal”.
El enganche autoregulado a los puntos de luz disponibles no sólo para el uso al que estamos acostumbradas las personas que no vivimos allí, también y principalmente, para poner en funcionamiento las bombas que les aprovisionan de agua (no potable) de los pozos para poder asearse y mantener en unas condiciones mínimas de higiene las viviendas. Pero los problemas se suceden. Cuando llueve el ambiente es húmedo e insalubre y las viviendas lo notan. La incertidumbre en cuanto al realojo y los posibles derribos hace que no se decidan a reparar humedades y otras fallas. Cuando falta la luz, la comida se estropea, no hay agua para el aseo y la limpieza, no funcionan los ventiladores en verano ni las estufas de resistencias en invierno, cuando además, la falta de luz artificial hace difícil la vida cotidiana de personas adultas y criaturas.
Si su vida ya es difícil en circunstancias de supuesta “normalidad”, el riesgo de que empeore acecha todos los días, como la posibilidad de un incendio al tratar de calentarse en viviendas donde abunda el plástico y la madera, o que el río se desborde, no sólo cuando las lluvias provocan crecidas, sino también cuando el embalse de la Nieves necesita ser desembalsado, aumentando el cauce del río Guadarrama, entonces el agua alcanza a las viviendas sin que nadie lo evite, ni avise a la población con tiempo para ponerse a salvo. Esto, ha pasado. Otro riesgo añadido es la acumulación de basuras, no sólo por no ser recogida por el servicio público municipal de limpiezas sino por la falta de escrúpulos de quienes quieren deshacerse de escombros y otros residuos y aun no viviendo en el propio barrio se deshacen de ello allí, provocando además, una gran proliferación de ratas.
A toda esta lucha por sobrevivir en estas condiciones se suma el trato institucional al que está sometida esta comunidad. En julio de 2016 la compañía eléctrica Iberdrola cortó el suministro eléctrico, entonces el Ayuntamiento de Móstoles se prestó a ceder generadores cuyo mantenimiento económico, la compra del gasoil, quedaría a cargo de las familias, siendo muy difícil para ellas sufragar su coste en una comunidad tan vulnerable. Algunas de estas familias aún arrastran las deudas. Finalmente, en octubre se volvieron a llevar los generadores. En enero de este mismo año Iberdrola volvió a cortar el suministro en plena ola de frío y con personas con necesidad de respiración asistida. Unos días después se restableció el suministro, pero la compañía ya había denunciado a prácticamente todas las familias del barrio por haber enganchado la luz de sus viviendas a una torre que surtía al Canal de Isabel II y en primavera tuvieron que acudir a juicio. Afortunadamente la sentencia fue absolutoria por haberse obtenido las pruebas accediendo a las viviendas sin autorización judicial y sin informar a las personas afectadas de que no tenían obligación de declarar en su contra.
La Comunidad de Madrid estima en 50 las viviendas necesarias para el realojo de las familias que cumplen los requisitos impuestos en el convenio firmado con el Ayuntamiento de Móstoles en el 2013 aunque la cruda realidad es que hay aproximadamente unas 400 familias entre los asentamientos de Móstoles y Arroyomolinos. Al parecer (porque todavía no está confirmado), 4 años después de la firma del convenio la Agencia de Vivienda Social sólo dispone de 17 viviendas. Estas viviendas se ofrecerán en régimen de alquiler social, que, si bien se puede considerar bajo, sumado a los gastos del resto de suministros (luz, agua, gas, comunidad, ...) puede agotar en algunos casos hasta el 80% de sus ingresos. Ésta es otra de sus grandes incertidumbres.
Uno de los requisitos para tener derecho al realojo es no haber sido adjudicatario de vivienda (se haya perdido o no, por no poder pagar el alquiler) en un plazo de 20 años. Hay más de una familia asentada en Las Sabinas que procede de situaciones como esta. Otro requisito es haberse empadronado en el barrio de Las Sabinas antes del 31 de diciembre del 2008 y otro, no poseer vivienda en cualquier punto del estado español.
Las familias no están en igualdad de condiciones, tras preguntar a las vecinas y vecinos de uno de los cuatro barrios que componen las Sabinas, y concretamente el barrio que nos ocupa, alrededor de un 60% considera que puede cumplir todos los requisitos, un 30% cree que no cumple por no haberse empadronado antes del 2009, y un 10% no tiene clara cuál es su situación. Todo esto, divide a las familias. Recordamos el viejo dicho “divide y vencerás”...
Aunque se ha conseguido que representantes de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Móstoles vayan con cierta regularidad a entrevistarse con las familias, no se ha conseguido obtener la información imprescindible para saber cómo actuar. Ninguna de ellas ha recibido ninguna resolución que les asegure el realojo o que se lo deniegue, por lo cual, ni pueden hacer alegaciones o recurrir, algo similar sucede en cuanto a los derribos, lo que lleva a estas personas a una situación de indefensión con pérdida de vivienda incluida. Por otro lado, y por si las trabas fueran pocas, si desean realizar la solicitud para optar a una vivienda pública les impiden hacerlo alegando que ya están inmersos en un proceso de realojo.
La perspectiva institucional primordial es desmantelar el barrio. Desde Servicios Sociales informaron al barrio de que empezaran con las operaciones de “desamianto” en todas (todas) las viviendas, sin ofrecer ninguna alternativa a quedarse sin techo. Pretenden retirar toda la uralita de todos los tejados aunque la mayoría de las familias no vayan a ser realojadas de manera inminente ni cumplan los requisitos impuestos para el realojo en el convenio y por otro lado, también tenemos el inmediato derribo de las viviendas cuyos propietarios vayan a ser realojados, con el agravante de que no se va a desescombrar ni a limpiar hasta que todo el mundo se haya marchado del barrio.
Esta situación choca frontalmente con la preocupación por las condiciones de vida de vecinas y vecinos del barrio en pleno siglo XXI manifestada por el alcalde de Móstoles en declaraciones públicas. Hasta el momento sólo diecisiete familias (no se sabe cuáles) pueden aspirar a la adjudicación relativamente inmediata de una vivienda, las treinta y tres restantes (que supuestamente cumplen los requisitos) de un total de aproximadamente cuatrocientas tendrán que esperar. Hasta el momento no hay un plan claro para que nadie quede fuera del realojo, desde Servicios Sociales dicen que aún están en negociaciones con la Comunidad de Madrid para que se amplíe, por ejemplo, el plazo de empadronamiento, o se incluya a las nuevas familias creadas por las hijas e hijos de las personas que sí cumplen los requisitos. Pero aún no hay nada en firme al respecto. Ni se sabe si lo habrá, para la Comunidad de Madrid es cuestión de dinero y de que el Ayuntamiento de Móstoles ponga más fondos. Y mientras decenas de familias esperan, tendrán que vivir entre los escombros de las familias realojadas. También choca la preocupación por la recuperación del espacio natural, siendo que, sin haber habilitado la recogida municipal de basuras, se limpió el río, volviendo en breve a estar como antes; no importa que la rivera esté plagada de basura y escombros hasta que finalice el desmantelamiento.
Por otra parte, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha condenado al estado español por el desalojo de su vivienda a una familia sin alternativa habitacional; la sociedad civil se está movilizando y ha logrado llevar al parlamento estatal y al de la Comunidad de Madrid propuestas de reformas legislativas que materialicen el derecho constitucional amparado en el artículo 47 de la Constitución Española. La vida y la dignidad humana es lo que debe estar en el centro de todo. Ahora es el momento de que los políticos tan preocupados por “hacer algo” cuando arrecia el chaparrón den soluciones sin dejar a nadie en la cuneta y demuestren cuáles son sus verdaderos objetivos.
Conocer a estas familias, saber de primera mano su situación, escuchar sus experiencias y las de las personas del colectivo de apoyo, ver los dibujos de su gente menuda donde se reflejan sus sueños, sus esperanzas, sus deseos... nos llena, a pesar de la impotencia y la indignación, de esperanza y de fuerzas para luchar por los derechos y la dignidad de nuestras vecinas y vecinos.
Y observando los sueños de estas criaturas, hay quienes sueñan con vivir en un barrio donde haya de todo, pero lo último que desearía sería perder a sus amigos. Hay quienes sueñan con “comprar el barrio, ponerle de todo y que nadie se tenga que ir”.

No hay sueños correctos o incorrectos, que se puede compatibilizar una forma de vida “no convencional” con la ecología y la convivencia, siempre y cuando se propicien los medios para que sea desarrollada con dignidad. Que lo único incorrecto es no valorar la vida ni respetar la dignidad de las personas.